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En los últimos años las ciudades y países de América Latina y el Caribe han afrontado el fenómeno de flujos migratorios mixtos a partir de la salida de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. De acuerdo con datos de las autoridades nacionales de migración, la Plataforma Regional R4V y otras fuentes, se estima que 5,6 millones (R4V, abril 2021) de refugiados y migrantes se han movilizado alrededor del mundo, de los cuales 4,6 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, principalmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, sumado a más de 700 mil personas que han retornado a su país de origen en la región.
Esta población en condición de refugio y migración impacta a las ciudades de manera significativa, representando desafíos importantes para los gobiernos locales y las comunidades de acogida.
En América Latina, los gobiernos nacionales y locales han mostrado un fuerte compromiso con la atención a esta población, de cara a reducir sus vulnerabilidades y aliviar sus necesidades inmediatas. Sin embargo, los mayores retos se concentran en los procesos de integración de los refugiados y migrantes, que muestran en su mayoría, vocación de permanencia en las ciudades. Este último elemento, bien manejado, podría convertir la migración en un motor para la prosperidad, potenciando las oportunidades que trae consigo la diversidad, la población productiva, la multiculturalidad y la innovación.
A partir de la Pandemia del COVID-19 los gobiernos y las autoridades de control han venido estableciendo medidas de restricción y aislamiento como estrategias de prevención y cuidado para los habitantes de los territorios; medidas que si bien han mitigado el impacto de la crisis sanitaria, también han provocado una desaceleración económica nunca antes registrada en las últimas décadas.
Impacto del COVID-19 se está sintiendo con mayor énfasis en los asentamientos informales y en los grupos más vulnerables que ven afectados sus mecanismos de subsistencia, dentro de estos grupos se encuentran las personas en condiciones de informalidad económica y social, incluidos refugiados y migrantes. Según un informe del Banco Mundial publicado en julio de 2020, el 70% de refugiados y migrantes en Perú, Ecuador y Colombia dependían del sector informal a enero de 2020, y en junio del mismo año, el 91% había perdido su trabajo.
