Por: Adriana Mejía Hernández, Viceministra de Asuntos Multilaterales de la República de Colombia

El éxodo masivo de migrantes venezolanos es la segunda ola migratoria más grande del mundo y no tiene precedentes en la historia de América Latina. Colombia, anfitrión de casi el 30% de los migrantes venezolanos, respondió con medidas integrales y (lo más importante) ha abordado las llegadas masivas de migrantes como una oportunidad de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, la falta de documentos de identidad y la situación irregular de los migrantes son fuentes de muchos desafíos para lograr una respuesta estatal eficaz.

El caso colombiano es particular. Durante la década de 1990, miles de colombianos emigraron a Venezuela, convirtiendo a Colombia en el país de origen. No obstante, el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en Venezuela provocó una reversión de la dinámica migratoria entre los dos países. A partir de 2015, Colombia comenzó a recibir flujos de migración regular que posteriormente, en 2019, fueron superados por el número de migrantes irregulares que cruzaban hacia territorio nacional, por diversas vías a lo largo de la frontera, arriesgando sus vidas y pertenencias en el camino.

Las dramáticas circunstancias que enfrentan los migrantes irregulares los hacen más vulnerables a sufrir violaciones de derechos humanos, incluida la violencia sexual o de género, la discriminación, la xenofobia, la explotación laboral, así como los delitos relacionados con la migración como la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes. Es más probable que sean víctimas de actos delictivos o incluso, en algunos casos, de involucrarse en la delincuencia debido a la falta de oportunidades laborales o de acceso a los servicios básicos.

“La falta de apoyo financiero internacional para la crisis migratoria venezolana es una realidad. El financiamiento total por migrante asciende a USD $3.150 por sirio, USD $1.390 por sudaneses del sur y solo $265 por venezolano”.

Ante el inesperado aumento de los flujos migratorios irregulares, el Estado colombiano abordó la migración como una oportunidad mediante la creación de políticas y mecanismos orientados a facilitar la vida de los migrantes, ayudándolos a encontrar empleo y habilitando el acceso a la educación y la salud. Estas políticas fueron diseñadas con el compromiso de defender la dignidad y los derechos de los migrantes. En 2018, el gobierno colombiano adoptó un documento rector de política pública (CONPES) que decía que: “a pesar de los enormes desafíos que plantea la migración, hay una serie de beneficios que la migración puede generar, no solo para los migrantes que pueden aumentar su nivel de vivir instalándose en lugares con mayores oportunidades económicas (Mergo, 2016), pero también para el país anfitrión”. Desde entonces, más de 24.000 hijos de padres migrantes nacidos en Colombia y en riesgo de apatridia han obtenido la ciudadanía colombiana, brindándoles una oportunidad real de integrarse en el país.

Más recientemente, la adopción de un Estatuto de Protección Temporal en Colombia, reconocido ampliamente por las autoridades internacionales, regularizó a más de 900.000 migrantes, permitiéndoles trabajar y acceder a servicios públicos y privados, al mismo tiempo que permitió al Estado colombiano recopilar información para alimentar el diseño de políticas públicas más adaptadas. El Estatuto también incluyó un enfoque especial en las mujeres, los niños y las familias vulnerables que se beneficiarán de las transferencias regulares de efectivo para impulsar su integración en el mercado laboral.

No obstante, queda un gran desafío: la financiación. La falta de apoyo financiero internacional para la crisis migratoria venezolana y los países de acogida es una realidad. Según la Institución de Brookings, el financiamiento total (en dólares estadounidenses) por migrante asciende a $ 3.150 por sirio, $ 1.390 por sur-sudanés y solo $265 por venezolano, según cifras para 2020. Para enfrentar la escasez de fondos, el gobierno colombiano está trabajando para transmitir a la comunidad internacional cuántos fondos se necesitan para implementar efectivamente el Estatuto de Protección Temporal, una de las políticas más generosas del mundo para los migrantes, a través de una plataforma llamada Plan Regional de Respuesta a Migrantes y Refugiados (RMRP) y el Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

En resumen, Colombia está abordando la ola migratoria actual de Venezuela con políticas comprensivas para cambiar los conceptos erróneos sobre los impactos negativos de la migración, enfocándose en los beneficios. El aumento de los flujos migratorios son una realidad mundial y las crisis migratorias como la venezolana son crisis humanitarias a gran escala. La comunidad internacional tiene un papel clave que desempeñar al garantizar el apoyo financiero suficiente y la creación de capacidad en los países de acogida. Más países deben reconocer esta realidad y adoptar una mentalidad basada en la evidencia que ve la migración como una oportunidad de desarrollo y una ventaja. Para hacerlo, la comunidad internacional debe comenzar por abordar los obstáculos que impiden que los países adopten las políticas de regularización que necesitan para apoyar tanto a los migrantes como a las comunidades de acogida.

Texto tomado de: https://oecd-development-matters.org/2021/05/05/understanding-migration-as-an-asset-the-colombian-case/