Mientras que la ayuda humanitaria busca satisfacer las necesidades básicas de la población refugiada y migrante (en particular la alimentación, la salud y la vivienda), una Estrategia Regional de Integración Socioeconómica se propone convertir a sus destinatarios en los promotores de su propia subsistencia, al fomentar su inclusión sostenible en las comunidades de acogida y su contribución a las economías locales.
La Estrategia Regional se dirige a los principales países de acogida de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela; en particular, a las instituciones gubernamentales que tienen algún grado de competencia en la integración socioeconómica de esta población y a las organizaciones de empleadores y trabajadores, con el ánimo de promover el diálogo social alrededor de este ámbito.
La Estrategia regional se inscribe en un marco de mediano y largo plazo, porque reconoce que la mayoría de las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela van a establecerse por varios años y que la única opción viable para que contribuyan al desarrollo sostenible de sus países de acogida es promover la integración socioeconómica y la convivencia ciudadana. Se fundamenta en las normas internacionales del trabajo y en la normativa internacional de derechos humanos.
Plantea flexibilizar y agilizar los procesos de regularización e identificación de población migrante y retornada, y realizar estudios sobre su perfil demográfico y socioeconómico.
Busca promover la formación profesional y la convalidación de títulos en la región, para impulsar la inclusión laboral.
Planea fomentar el acceso y la eficiencia de programas y plataformas de intermediación laboral, impulsar la empleabilidad de personas refugiadas y migrantes, y adoptar medidas para la transición a la economía formal.
Contempla la integración de personas migrantes y refugiadas a programas de emprendimiento sostenible y cadenas de valor, así como impulsar el autoempleo.
Propone facilitar el acceso a servicios financieros en países de acogida, promover la educación financiera y adaptar la oferta bancaria a las necesidades de la población migrante y refugiada.
Plantea la elaboración de una hoja de ruta para promover un piso de protección social regional y una campaña de difusión de información sobre acceso a seguridad social.
Prevé el diseño de programas de fortalecimiento institucional y campañas de sensibilización para combatir la discriminación y la xenofobia.